A
los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, se les
acumulan los problemas a falta tan sólo ya de cuatro días para que el
primero tenga que acudir a declarar como imputado ante el juez de Palma
José Castro. La Agencia Tributaria ha detectado en la contabilidad de
Aizoon que la Infanta cargaba a esta sociedad, a la que se desvíaba
presuntamente dinero público, gastos personales de entre 600 y 700 euros
euros a la semana, casi 3.000 euros al mes.
Al margen de la contabilidad,
entre la documentación que aparece en el sumario figuran además correos
electrónicos que la asistente personal de la hija del Rey envió a los
responsables financieros del Instituto Nóos para preguntar cómo se
podían cargar las facturas a la patrimonial. Hacienda ha encontrado
gastos de todo tipo, aunque la investigación todavía no ha terminado y
faltan aún detalles por determinar.
Lo que parece ya probado es que
los duques pagaron también una parte de su Palacete de Pedralbes
(Barcelona) y las obras del mismo -en total fueron casi 7 millones de euros-
con cargo a la firma patrimonial. Y que incluso abonaban el sueldo al
servicio doméstico de la casa con cargo también a esta misma sociedad.
Manos Limpias
La
investigación puede dar ahora un vuelco radical después de que, por
primera vez, el juez emitiera ayer un auto en el que pregunta a la
Fiscalía si debe llamar como imputada a la Infanta doña Cristina en el
marco de estas presuntas irregularidades. El juez atiende así a la
petición formulada por Manos Limpias, el sindicato de funcionarios que
ha pedido que la investiguen y la llamen a declarar por su presunta
implicación en el caso.
Hasta ahora la Fiscalía ha
rechazado en todo momento investigar a la Infanta, porque considera que
Urdangarin la engañó y que estaba al margen de todas las decisiones que
se tomaban. Eso a pesar de que, además de tener el 50 por ciento de
Aizoon, formaba parte también de la junta directiva del Instituto Nóos.
El Consejo General del Poder
Judicial ha archivado, mientras tanto, las diligencias informativas
abiertas contra el juez instructor a raíz de la queja que presentó el
abogado Antonio Alberca, defensor del expresidente balear Jaume Matas,
por las filtraciones a la prensa del sumario.
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