Un abogado de los neonazis que pegaron a un indigente: “Los vagabundos son cánceres”

Uno de los abogados de los cuatro neonazis que fueron juzgados este martes por el apaleamiento de unindigente el 23 de agosto de 2009 asegura en un escrito presentado ante la Sala que “la vagancia” y “el constituirse un parásito de lo decente” llevan a la repulsión y a añorar con “nostalgia de tiempos pasados” la Ley de vagos y maleantes de 1933.

Así consta en el texto de defensa presentado ante la Sala que juzga a los cuatro supuestos neonazis por dar una brutal paliza a un indigente cuando dormía en un fotomatón de la zona de Moncloa (Madrid), dejándole en coma debido a los fuertes golpes y con la pérdida del habla por lesiones neurológicas.

“Hoy empieza a resurgir en círculos políticos que tienden a prohibir la mendicidad, plaga de nuestras ciudades porque hay nostalgias de tiempos pasados”, añade el escrito del letrado defensor Ángel Pelluz Granja, de 90 años.

Esta norma fue aprobada en 1933 por consenso de todos los grupos políticos de la II República para el “control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas”, rezaba el texto.

En los pasillos, el letrado Pelluz se ratificó en sus manifestaciones y aseguró que los vagabundos “no son personas humanas”, sino “cánceres de la sociedad que deberían ser extirpados”.

El abogado fue inspector nacional del Ministerio de Información y Turismo durante la dictadura franquista y funcionario del Cuerpo General Técnico de la Administración Civil. En 1971 se presentó a procurador en las Cortes. En 2009 fue juzgado por una presunta estafa inmobiliaria cometida junto a otras personas en complejo Ciudad Antena de Benidorm, pero fue absuelto.

Javier R.B., uno de los cuatro jóvenes procesados, ha culpado a otro de los acusados, Mykhaylo T., de pegar y pisar “poseído por la ira” al mendigo. En el juicio, junto a Mykhaylo y Javier, se han sentado en el banquillo de los acusados María Leticia G.D. e Iván L.G., por un delito de lesiones. La Fiscalía solicita doce años de cárcel para el primero de los procesados y diez años de prisión para los otros tres, además de una indemnización conjunta de 300.000 euros para la víctima, Rafael Santamaría.